El personal sanitario (farmacéuticos, médicos) quedó pasmado cuando de repente —es decir, sin pedirles opinión—, y por vez primera —pese a ser un preparado hormonal— una sustancia comenzaba a ser de dispensación obligatoria sin receta. ¿Nos habíamos perdido algo? Quizá se habían realizado ya estudios epidemiológicos o de toxicidad, a gran escala, que demostraban la inocuidad del producto. O quizá, sin previo aviso, iban a poner en venta un producto con menor dosis del principio activo hormonal, y por lo tanto con mayor techo terapéutico y fisiológicamente más seguro… Pero no. No era nada de eso. Los políticos habían tomado esa decisión sin prestar especial atención a La PDD, un año después resultados científicos. Buscaban un beneficio ideológico sirviéndose de la Sanidad. Quizá también buscaban un beneficio económico, por qué no decirlo. La cuestión es quién habrá salido beneficiado. Veamos qué ha significado «sin receta», según datos de dominio público. Sin receta significó revitalizar un mercado que iba en declive (las ventas de la PDD habían bajado un 11% en el año 2008), y que ha alcanzado un 140% de ventas más desde que la norma entró en vigor. Un disparo de ventas logrado no mediante estrategias comerciales, sino a golpe de decreto ley. Sin receta ha significado 2 millones menos de preservativos vendidos, dato alarmante teniendo en cuenta el actual diseño español de las campañas de prevención de ETS. Sin receta ha significado hacer caso omiso de que la PDD no debe ser usada como método ordinario de control de nacimientos. En los meses transcurridos desde su liberalización, más de la mitad de las usuarias han usado la PDD al menos en 2 ocasiones.
Sin receta ha significado comprobar con inquietud lo irrelevante que es la opinión de los especialistas. Más de 4.000 farmacéuticos se han opuesto pública y formalmente a la dispensación sin receta. Y lo mismo el Colegio de Médicos de Madrid, por mencionar sólo uno. Y sus voces continúan sin ser tenidas en cuenta. Si al menos, como dicen algunos, hubiera bajado el número de abortos… Recientemente la Ministra Jiménez se aventuró a achacar la reducción del 3% en el número de abortos (datos del año 2009) a la liberalización de la venta de la PDD en farmacias. Pero el propio diario El País señaló que «no todos los expertos están de acuerdo en señalar esa causa». El acceso libre a la PDD sólo empezó en los últimos 3 meses del 2009. Un factor más importante, en cambio, parece ser el descenso de la inmigración en el año 2009, ya que según datos oficiales, el 40% de los abortos se realizan en mujeres inmigrantes. ¿Se puede seguir diciendo que la PDD disminuye el número de abortos tras los amplios estudios hechos en Reino Unido y en Francia analizando específicamente esa cuestión? Les remito a esos estudios. Raymond E. etal., Population effect on Increased Access to Emergency Contraception Pills, Obstetrics and Gynecology, vol. 109,n. 1, 2007. El estudio dado a conocer por el Gobierno francés lleva por título Evaluación de las políticas de prevención de embarazos no deseados y de apoyo a la interrupción voluntaria del embarazo 2010. Un problema ético a varios niveles La dispensación de la PDD plantea problemas éticos complejos y serios a muy diversos niveles, que en este momento sólo es posible esbozar. Una cuestión, quizá la más importante —pero no la única ni la más urgente— es la de precisar con exactitud el efecto abortivo de esas sustancias. Es una cuestión típicamente farmacológica: la caracterización de la sustancia, precisar su efecto terapéutico. Parece mentira que aún estemos trabajando con hipótesis y que los farmacéuticos, la verdadera farmacia científica, no exija a los laboratorios algo más que conjeturas equilibrios linguísticos pactados según cómo se defina el embarazo. Vamos a ver, ¿está bien demostrado y fuera de duda razonable que la PDD carece de efecto sobre el endometrio? Atención, porque en caso afirmativo, también hay otras preguntas que la comunidad científica considera necesario resolver: ¿tiene o no tiene un efecto post-fertilización?, ¿es letal para el embrión preimplantatorio, si o no? ¿Alguien puede dar una explicación sobre cómo es posible tal eficacia para lograr embarazos cero —mayor que la de ningún otro anticonceptivo conocido— si su efecto sólo es debido, como dicen, a mecanismos típicos anticonceptivos (ovulación, moco cervical, etc.)? ¿No es una irresponsabilidad grave poner un producto en el mercado sin saber responder con precisión a esas cuestiones?
Otra cuestión de gran importancia es juzgar la oportunidad de su acceso indiscriminado, es decir no sometido al control médico que concluye con la extensión de una receta. Sobre esta cuestión los farmacéuticos (y no sólo los médicos) tienen mucho que decir. Es una irresponsabilidad profesional dispensar «lo que pida la gente», tratándose de productos no exentos de riesgos para la salud. La receta proporciona a un responsable de la salud (el farmacéutico) la seguridad de que existe una indicación médica y de que han sido valorados por alguien competente (el médico) las contraindicaciones y efectos secundarios de esos productos: hormonales o del tipo que sean.
Una última cuestión ética de gran calado (por citar sólo tres, aunque hay más) es que la dispensación sin receta de la PDD crea serios problemas epidemiológicos y de salud pública que no pueden ser superficialmente infravalorados. Los profesionales de la salud ven con preocupación el aumento de los embarazos no deseados que acaban en un aborto. ¿Se puede exigir a los farmacéuticos que cierren los ojos y callen frente a esa violencia contra la vida humana, o que sean insensibles a los problemas psíquicos y emocionales que el aborto acarrea a la mujer? La anticoncepción de emergencia no ha disminuido en ningún país el número de abortos, y vuelvo a citar el estudio británico y francés. Por si fuera poco, un profesional de la salud mínimamente responsable percibe con alarma el aumento de las ETS entre quienes multiplican los contactos sexuales cuidando tan sólo de evitar el embarazo. No son fantasmas, las estadísticas están ahí. Cada una de estas tres cuestiones tienen suficiente peso para decir que no, por motivos profesionales (de ciencia, no sólo «de conciencia») a la PDD, y menos sin receta.
D. JUAN CARLOS GARCIA DE VICENTE
Médico. Doctor en Teología Moral.
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